Pasara a ser únicamente un lugar donde albergar los regalos del blog para no deshacerme de ellos que me da penilla, y algunos videos tambien regalo de los amigos de este blog.

La organización de derechos humanos Amnistía Internacional declaró esta semana su preocupación frente a la posibilidad de que Frontex recurra a tecnología militar de vigilancia para evitar el procesamiento de solicitudes de asilo en Europa.
"¿La usan para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos?", dijo a IPS el director de la oficina de Amnistía en Bruselas, Nicolas Beger. "De no ser así, es un problema", remarcó.
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Sin que haya mediado un debate transparente y público sobre la reforma de la legislación que regula el ejercicio de la jurisdicción universal por los tribunales españoles, el Congreso de los Diputados ha dado un paso más para acelerar un proyecto de ley con graves consecuencias para la lucha contra la impunidad. En el día de hoy se ha dado un claro mensaje de que España se preocupa más por no ofender a algunos Gobiernos poderosos que por poner fin a la impunidad de la que gozan los criminales. La inmensa contribución efectuada por la justicia española durante más de una década al hacer comparecer ante sus tribunales a las personas sospechosas de haber cometido, u ordenado cometer crímenes de derecho internacional se verá severamente recortada, si el proyecto de ley prospera. La precipitación para dar trámite a la reforma revela un profundo desinterés por contribuir a poner cerco a quienes desprecian la dignidad humana. Con el texto aprobado por el Congreso de los Diputados, la esperanza de las víctimas de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, tortura o desapariciones forzadas, enfrentará enormes dificultades y sus responsables tendrán menos motivos de preocupación. Así, para que los jueces puedan conocer de tales casos y de aquellos otros igualmente cometidos fuera de España constitutivos de terrorismo, piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves, delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores e incapaces, y el tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, deberán acreditarse condiciones que pueden afectar seriamente la persecución de tales crímenes y la posibilidad de hacer comparecer ante la justicia a sus autores. Además, el texto propuesto, a pesar de que nombra a los tratados internacionales, no ofrece garantías de que éstos prevalecerán, lo que supondría vulnerar la Constitución Española. Cuando lo que más sobra en el mundo es la impunidad, no se explica la urgencia de minar uno de los instrumentos más eficaces en la lucha contra la impunidad, mediante reformas que sólo favorecen a los perpetradores de los crímenes más atroces contra los seres humanos. Adhesiones: · AMNISTIA INTERNACIONAL · HUMAN RIGHTS WATCH · ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS DE ESPAÑA (APDHE) · Fed. de Asoc. de DEFENSA y PROMOCIÓN de los DERECHOS HUMANOS. · CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS (CS de CCOO) · UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (UGT) · Asoc. Española para el DERECHO INTERNACIONAL de los DERECHOS HUMANOS (AEDIDH) · PAZ AHORA
Vídeo de Rigoberta Menchú sobre la jurisdicción universal: La premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú dirigió unas palabras a través de este vídeo a las personas asistentes a la mesa redonda “En defensa de la Jurisdicción Universal”(ver convocatoria de esta mesa redonda haciendo ´click´ aquí). El acto se celebró en el Congreso de los Diputados la víspera de la votación sobre la reforma de la legislación que regula el ejercicio de la jurisdicción universal por los tribunales españoles. En este vídeo Rigoberta Menchú hace un llamamiento a los diputados del parlamento español “a que no permitan que se ponga limitación al juzgamiento de los delitos de lesa humanidad”. También les ruega “Ayúdennos a soñar que algún día estos delitos se juzguen en el interior de los países dónde se han cometido”. RIGOBERTA
Desengañados con una especie de traición por parte del Ejecutivo socialista al espíritu del «No a la guerra» —capitalizado con profusión de medios por el PSOE en sus tiempos de oposición— asociaciones pro-derechos humanos y más de 300 personas presentaron ayer en Madrid un manifiesto contra la reforma que el Gobierno de Rodríguez Zapatero quiere introducir para limitar la llamada jurisdicción universal de la Audiencia Nacional.
Organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rigths Watch (HRW) lo consideran «una conquista irrenunciable de la democracia que posibilita que los crímenes internacionales no queden impunes. Esto engrandece la calidad democrática de nuestro sistema judicial y el compromiso con la defensa de los Derechos Humanos», asegura el manifiesto.
España es un referente de la justicia universal, según los firmantes del texto ayer presentado. «La ley española no es sólo de los españoles, sino de las víctimas de todo el mundo: guatemaltecos, tibetanos, palestinos... España, desde el caso Pinochet, se había convertido en sinónimo de justicia», afirmó el portavoz de HRW, Reed Broody.
Para todos ellos, la credibilidad española está en juego. «La ley ha sido eficaz contra los déspotas del Tercer Mundo, pero cede ante los poderosos», en referencia a EE.UU., China y Rusia. Según Man
uel Ollé, «la política exterior jamás se puede desarrollar a costa de los derechos humanos». Ollé y otros abogados aludieron a las presiones políticas y comerciales que el Gobierno habría recibido de estos países. «Es triste que se pretenda intercambiar acuerdos económicos por el silencio cómplice del asesinato de inocentes», manifestó el abogado Carlos Iglesias.
Dos jueces de la Audiencia
Las organizaciones criticaron duramente el procedimiento empleado por el Ejecutivo para la reforma. A su entender, socialistas y populares han aprovechado la tramitación de la ley procesal que implantará la nueva Oficina Judicial para pactar esta enmienda. Se trata, dicen, de una medida precipitada y carente de rigor, introducida «por la puerta trasera, a hurtadillas».
«Se está quitando el debate a la sociedad», aseguró el portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González, organización que apoya el manifiesto, que también ha sido respaldado por los magistrados de la Aud
iencia Santiago Pedraz y Eloy Velasco.
Los abogados de procesos universales abiertos se mostraron preocupados. Gonzalo Boyé, que defiende los casos de Guantánamo e Israel, fue el más beligerante: «Hace una legislatura, España era el país del “no a la guerra” y ahora se ha convertido en el país del sí al crimen de guerra».
Con la limitación que se pretende aprobar, sólo se ejercerá la justicia universal en los casos que afecten a españoles o cuando los presuntos delincuentes se encuentren en España, y siempre que un tribunal extranjero o del país donde ocurrieron los hechos no esté procediendo a su persecución. Para las asociaciones, lo siguiente será eliminar también esta posibilidad.
Si la reforma se aprueba, los letrados no descartan recurrir ante el TC porque, según Ollé, España estaría incumpliendo sus compromisos con los Derechos Humanos