RUANDA: LAS AUTORIDADES DEBERIAN PERMITIR A HUMAN RIGHTS WATCH SEGUIR SU TRABAJO

Especial Ruanda : Las autoridades deberían permitir a Human Rights Watch seguir con su trabajo. Ruanda: Las autoridades deberían permitir a Human Rights Watch seguir con su trabajo. Sábado 01 de Mayo de 2010 15:49

El gobierno se niega a conceder un visado a una investigadora que trabaja sobre los derechos humanos en un contexto de represión hacia todo tipo de críticas. La decisión del gobierno ruandés de denegar un visado de trabajo a la representante de Human Rights Watch en Kigali es un claro síntoma de la tendencia cada vez mayor a reprimir la libertad de expresión e Ruanda, justo antes de las elecciones presidenciales previstas para agosto, según ha declarado hoy Human Rights Watch. “Durante las últimas semanas, hemos asistido a un verdadero intento de acallar toda voz crítica” se lamentó Georgette Gagnon, directora de la división africana de Human Rights Watch. “El gobierno ruandés ha hecho de todo para silenciar las voces independientes antes de las elecciones”

El 23 de abril de 2010, agentes de la Dirección General de Inmigración informaron a Carina Tertsakian, veterana investigadora de Human Rights Watch en Ruanda, de que se le había denegado un visado de trabajo debido a que había ciertas anomalías en su petición, sobre todo en cuanto a las firmas y los datos de los documentos entregados. Los responsables de la sede de Human Rights Watch en Nueva York habían demostrado por escrito la autenticidad de todos los documentos y las firmas, pero los agentes de inmigración han dicho que sus explicaciones “no eran satisfactorias”. No obstante, estos agentes no intentaron contactar con la sede de Human Rights Watch ni con las personas cuyas firmas se habían puesto en entredicho.

Los agentes de inmigración se negaron a transmitir su decisión por escrito. Informaron a Tertsakian de que, como ciudadana británica, no se le permitiría prolongar la duración legal de su estancia en el país, de 90 días, y que expira el 24 de abril. Gagnon llegó a Kigali la semana del 19 de abril para reunirse con las autoridades ruandesas a propósito de este tema. El director ejecutivo de Human Rights Watch, Kenneth Roth, envió una carta personal al presidente Paul Kagame para detallarle las preocupaciones que habían surgido respecto a la gestión de la petición de un visado por parte de Tertsikan. En el escrito le reafirmó que todos los documentos que se habían presentado en las dos primeras peticiones eran auténticos. Los agentes de inmigración ruandesa, por su parte, no respondieron a los intentos de Gagnon para reunirse con ellos.

Human Rights Watch comenzó a trabajar en Ruanda sobre temas relacionados con los derechos humanos antes del genocidio de 1994. Sin embargo, durante los dos últimos años el gobierno ruandés ha ido poniendo cada vez más trabas al trabajo de la organización. En septiembre y diciembre de 2008, el gobierno negó la entrada en su territorio de la difunta Alison Des Forges, una experta sobre Ruanda de gran renombre y consejera principal de Human Rights Watch en la región de Grands Lacs. Durante las últimas semanas, los discursos del gobierno ruandés contra las organizaciones de derechos humanos se han multiplicado, y las altas autoridades se dirigen principalmente a Human Rights Watch debido a sus acerbas críticas públicas. Además, los artículos hostiles hacia Human Rights Watch son cada vez más numerosos entre los medios de comunicación que se posicionan a favor del gobierno.

Contexto

Rechazo de la petición del visado de trabajo

Carina Tertsakian, ciudadana británica, llegó a Ruanda el 25 de enero de 2010 y obtuvo un visado de trabajo. El 3 de marzo, fue interpelada por los agentes de inmigración en relación con los documentos necesarios para su solicitud de visado, que presuntamente contenían una fecha errónea y supuestas diferencias en las firmas de sus colegas. Los agentes confiscaron entonces su pasaporte y la convocaron de nuevo al día siguiente, antes de someterla una vez más a una serie de interrogatorios acerca de las fechas y las firmas. El 8 de marzo, Tertsakian fue convocada oficialmente por el servicio de investigación criminal de la policía para comparecer al día siguiente. La policía le informó de que era sospechosa de falsificación y utilización de documentos falsos, antes de interrogarla sobre las mismas cuestiones sobre las que anteriormente lo habían hecho los agentes de inmigración.

Antes de esta conversación, Human Rights Watch ya había enviado desde su sede dos cartas a las autoridades confirmando la autenticidad de todos los documentos. Sin embargo, aparentemente, lo agentes no han tenido en cuenta estos escritos. El 10 de marzo los agentes de inmigración devolvieron su pasaporte a Tertsakian, pero le denegaron el visado de trabajo. Los agentes se negaron a desarrollar por escrito una explicación acerca de la negativa y le dijeron que podría solicitar el visado una segunda vez.

El 16 de marzo, Tertsakian realizó la petición una vez más en la que además adjuntó una declaración notarial del director jurídico de Human Rights Watch que probaba la autenticidad de los documentos. Esperó más de un mes antes de recibir una respuesta de los servicios de inmigración, cuando el plazo normal para un proceso de este tipo es de tres días. Los agentes de inmigración ruandesa le comunicaron la desestimación de la solicitud de visado el 23 de abril, la víspera de la expiración de su permiso de visita en Ruanda.

Represión de la libertad de expresión

Este caso particular tiene lugar en un contexto de creciente intolerancia hacia toda forma de protesta o crítica en el periodo preelectoral. Los miembros de los partidos de la oposición han sido objeto de acoso, amenazas e intimidaciones. A dos de los nuevos partidos de la oposición, las Fuerzas Democráticas Unidas (FDU) – Inkingi y el Partido Democrático Verde de Ruanda, se les prohibió inscribirse y, en muchas ocasiones, han tenido que enfrentarse a maniobras de obstrucción por parte de las autoridades. Las reuniones del Partido Democrático Verde de Ruanda y del PS- Imberakuri (otro partido de la oposición) fueron interrumpidas repetidas veces, en algunos casos de forma violenta. El PS- Imberakuri consiguió finalmente inscribirse, aunque desde entonces se encuentra bajo el control de “miembros disidentes” que, según muchos observadores, estarían manipulados por el Frente Patriótico Ruandés (FPR, el partido que está en el poder) para silenciar al presidente del partido Bernard Ntaganda. Este último fue convocado ante el Senado a finales del año 2009 para responder a unas acusaciones relacionadas con “la ideología genocida”, aunque finalmente no fue inculpado. Sin embargo, en abril de 2010 los miembros de la comisión política del Senado declararon que esas acusaciones estaban bien fundadas.

Victoire Ingabire, presidenta de las FDU- Inkingi, fue interrogada por la policía en seis ocasiones desde febrero de 2010 (volvió a Ruanda en enero de 2010 tras numerosos años en el exilio), paralizando así las actividades de su partido. En marzo, la policía la detuvo en el aeropuerto y le prohibió viajar. El 21 de abril fue arrestada y acusada de “ideología genocida”, de “divisionismo” y de colaboración con grupos terroristas, entre ellos las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (las FDLR), un grupo armado activo de la República Democrática del Congo compuesto, en parte, por personas que participaron en el genocidio de 1994. Ingaribe fue puesta en libertad condicional el 22 de abril, aunque se le prohibió salir del país, e incluso de la capital, Kigali.

Los medios de comunicación que están a favor del gobierno han llevado a cabo una campaña contra esta mujer, hablando sobre todo de sus declaraciones públicas, en las cuales criticaba al gobierno y pedía justicia por las masacres de los hutu por parte del FPR.

Los periodistas también se enfrentaron a numerosos problemas en el ejercicio de sus funciones. El ministerio fiscal denunció a dos periódicos independientes, Umuseso y Umuvugizi, por difamación, un delito penado con cárcel. Los dos casos se encuentran ahora mismo en apelación. El 13 de abril, el Alto Consejo de los Medios de Comunicación, un organismo a favor del gobierno encargado de regular los medios de comunicación, suspendió estos dos periódicos durante seis meses. Umusesso y Umuvugizi forman parte de los pocos medios de comunicación independientes que persisten en Ruanda.

Ambos han publicado artículos criticando al gobierno.

De forma más general, Human Rights Watch constató que numerosos ruandeses no podían expresar sus opiniones libremente. Las personas que critican al gobierno o a sus políticas corren el riesgo de que les clasifiquen como opositores, de apoyar a los partidos de la oposición o a otras personas sospechosas de querer derrocar el gobierno, o incluso de “ideología genocida”, crimen que está vagamente definido y penado con entre 10 y 25 años de cárcel. Tras años de intimidaciones por parte de militares hacia la sociedad civil, quedan muy pocas organizaciones independientes de defensa de los derechos humanos en Ruanda. Las asociaciones que continúan en el país para documentar las violaciones de los derechos humanos se enfrentan constantemente a amenazas y obstáculos. Por ejemplo, durante la campaña para las elecciones legislativas de 2008, se prohibió a la Liga de los Derechos de la persona en la región de Grands Lacs (LDGL) ejercer plenamente su misión de observadora del escrutinio. Además, fue atacada por la Comisión Electoral antes incluso de la publicación de su informe.

Los miembros de la Liga ruandesas para el apoyo y la defensa de los derechos humanos (LIPRODHOR), una organización de defensa de los derechos humanos, también han sido víctimas de serias amenazas durante muchos años. Estos ataques obligaron a muchos de sus miembros principales a abandonar el país por su propia seguridad, dejando atrás una organización muy debilitada.

Para saber más acerca del trabajo de Human Rights Watch en Ruanda, visite la dirección: http://www.hrw.org/fr/africa/rwanda

Para más información contacte con:

En Nueva York, Georgette Gagnon (inglés) : + 1-917-535-0375 (móvil)

En Washington, Jonathan Elliott (inglés, francés) : 1-202-612-4348 ou 1-917-379-0713 (móvil)En Londres, Anneke Van Woudenberg (inglés, francés) : + 44-20-7713-2786 ou + 44-7711-664960 (móvil)